Justicia económica para las y los indígenas de México

Aquí, pensando en voz alta

Ana María Ponce Martínez

Aquí, pensando en voz alta

Economía

Agosto 10, 2020 16:19 hrs.
Economía Internacional › México
Ana María Ponce Martínez › codice21.com.mx

Analizar el posicionamiento de quienes se dicen escépticos de la cuarta transformación y que se suman a la boa o al frena nos debe llevar a pensar y tener presentes los golpes de estado que se han verificado en América Latina durante los siglos XX y XXI, y las intentonas que de éstos se han hecho en contra de los gobiernos de Cuba y de Venezuela, por implementar políticas económicas con justicia social.

El haber logrado un consenso entre las tres naciones signantes del Tratado de Libre Comercio TLCAN, Estados Unidos, Canadá y México, y que se aceptaran nuevas condiciones que fueran más benéficas para los mexicanos TMEC, ha significado una diferencia de trato hacia el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador con el que se les dio a aquéllos que no dudaron en entregar los recursos naturales a la inversión extranjera, con tal de figurar de forma personal en las jugosas ganancias que ello representó.

Afortunadamente para la Nación, el grueso de la población, incluidos algunos empresarios y obreros, se ha sumado a la cuarta transformación del país; sin embargo, alrededor de 15 millones de habitantes, que se encuentran catalogados como indígenas, siguen sin poder acceder a las decisiones sobre sus territorios y continúan en la extrema pobreza. No porque sean pobres, sino que malas decisiones de políticas públicas los han empobrecido a lo largo de la historia de México.

A la población indígena mexicana históricamente se le ha desplazado de sus lugares de origen, ya sea por la marginación, discriminación y pobreza, o por la política de inversiones extranjeras como concesiones mineras, asignaciones petroleras y zonas económicas especiales, que los fueron relegando y expulsando de sus territorios. Esta población de indígenas desplazados paradójicamente hoy nutre de divisas a la economía nacional a través de las remesas que envían desde el extranjero.

En estas condiciones, el gobierno mexicano debe repensar la mala decisión que históricamente se ha tomado sobre el territorio indígena; asimismo, el Congreso de la Unión debe reformar aquéllos artículos constitucionales en donde la justicia indígena no ha aterrizado; como el artículo segundo constitucional, por ejemplo, para poder garantizar una verdadera gobernanza, en la que la palabra decisoria de los pueblos y comunidades indígenas se traduzca en beneficio económico para las y los habitantes de los territorios de donde se extraen recursos naturales renovables y no renovables.

El dotar a los pueblos y comunidades indígenas de voz y voto para la disposición de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, no sólo contribuye a la equidad económica -justicia que no se ha logrado desde la mal llamada conquista de América- sino también a dar vida a la sustentabilidad de dichos recursos, que es uno de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS, se pretende ’poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales’.

Si bien son declaraciones sin fuerza vinculante para los estados, es claro que la cuarta transformación debe dotar a los pueblos y comunidades indígenas de normas constitucionales en donde se prevea que en la explotación de los recursos naturales, un porcentaje libre de la inversión beneficie a las y los habitantes de estas poblaciones; asimismo, que los polígonos a explotar se encuentren alejados de los centros poblacionales, ya que no es posible que no sólo se les despoje de sus territorios de donde tradicionalmente se sirven para su sustento, sino que también se les expulse de sus viviendas.

Ejemplos como Nuevo peñasquito en Zacatecas; o San Pedro en San Luis Potosí, son situaciones que deben ser inadmisibles para todos los mexicanos. Sin dejar de visibilizar que, en todo el territorio nacional, otros pueblos actualmente se encuentran en peligro de desaparecer o quedarse sin agua; por el obsequio indiscriminado de permisos, concesiones y asignaciones que impactan el territorio nacional, que se otorgaron en los sexenios oprobiosos que han antecedido a la cuarta transformación del país y que urge solucionar para dar certeza de vida a la población indígena nacional.


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